El diario El País publicó este domingo una columna de opinión en su sección de economía de Luis Garicano, catedrático de economía y estrategia en la London School of Economics, en el que defendió la necesidad de aumentar la inversión en salud mental en términos puramente económicos. Garicano destaca la figura de Lord Richard Layard, uno de los más ilustres economistas de la London School of Economics, que dedica su carrera posjubilación a mostrar que es crucial incrementar sustancialmente el gasto en salud mental desde un punto de vista de rentabilidad para los contribuyentes.
El coste económico de la enfermedad mental es muy importante. Primero, la OCDE calcula que un tercio de los gastos por discapacidad se deben a estas patologías. Segundo, las tasas de empleo entre los que sufren las peores enfermedades mentales son un tercio menores que las de las personas sanas. Finalmente, el coste en términos de bajas por enfermedad es enorme: la mitad de estas se deben a la enfermedad mental. El pasado miércoles, en una conferencia sobre estrategias de salud mental, la representante del Ministerio de Sanidad estimó en un 8% del PIB, unos 83.000 millones de euros, el coste total de la enfermedad mental en España, incluyendo todos los costes arriba detallados. «El coste económico es obviamente solo la punta del iceberg del sufrimiento que la enfermedad mental causa a los enfermos y a sus familias. Recientes estudios sobre felicidad y satisfacción con la vida realizados en el Reino Unido muestran que la enfermedad mental es responsable de más infelicidad incluso que la pobreza», asegura el catedrático.
Según el cálculo de lord Layard y usando datos del Reino Unido, en un periodo de dos años y medio el coste de una terapia basada en psicofármacos o en 16 sesiones de terapia cognitiva conductual sería de 1.000 libras. El beneficio de esta terapia se puede estimar en una media de ocho meses adicionales sin depresión, lo que genera un retorno de tres veces el coste, que en parte se lleva el contribuyente vía impuestos. «Desgraciadamente, a pesar de que el argumento emocional, social y económico a favor de la inversión en salud mental parece extremadamente claro, la atención dedicada a estos enfermos por los sistemas públicos de salud es insuficiente y la situación se ha deteriorado sustancialmente en los años recientes» lamenta Garicano.
Y es que como denuncian en esta columna el nivel de atención y de inversión en estas enfermedades es generalmente bajo. Lord Layard argumenta en un reciente artículo que mientras el 75% de los enfermos con enfermedades físicas sigue algún tratamiento, solo uno de cada cuatro enfermos mentales está en tratamiento. Las razones son varias: en primer lugar, en algunas ocasiones el enfermo no busca el tratamiento porque teme el estigma asociado; en segundo lugar, la población enferma en muchos casos no es consciente de que la depresión, la ansiedad, etcétera, pueden ser tratados con éxito. Finalmente, existen insuficientes recursos en la mayor parte de los sistemas sanitarios dedicados a estos problemas.
La crisis ha aumentado en España los trastornos del ánimo (20% y 9% de aumento de la depresión y ansiedad, respectivamente) durante la crisis. Los investigadores atribuían un tercio del riesgo total de problemas mentales a la combinación de desempleo y de exceso de deuda hipotecaria. Por otro lado, los recortes en sanidad pública han afectado especialmente a la oferta de salud mental, con cada vez más largas listas de espera, retrasos en los tratamientos y escasez de profesionales denunciados por asociaciones de pacientes y de familiares en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Y sin embargo, como argumentábamos arriba, la evidencia sugiere que este es un problema en el que un esfuerzo decidido y coordinado puede producir un gran impacto.
El artículo concluye que es prioritario en particular hacer tres intervenciones. En primer lugar, es crucial concienciar a la población de que gran parte de los problemas de salud mental tienen solución. En segundo lugar, hay que invertir más en el tratamiento de estos problemas, dado que este tratamiento es eficaz, eficiente y tiene un coste inferior a su retorno social y económico. Y en tercer lugar, existen una serie de enfermedades mentales graves (como la esquizofrenia), de muy difícil tratamiento, que requieren una extensa coordinación entre dispositivos sanitarios y sociales.