La agresividad sigue siendo el principal estereotipo asociado a las personas con problemas de salud mental. Así se ha recogido en el estudio Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma, presentado esta semana por la Confederación Salud Mental España. Como ha explicado Jimena Cazzaniga, investigadora de Red2Red, consultora que ha realizado el estudio, a partir de los años 80, “se pasa de la idea de loco a la de ciudadano. Sin embargo, ese atributo está aún presente ahora y tiene una connotación negativa y una vinculación al peligro y agresividad. “Queremos saber y conocer lo que implica y no un trastorno mental”, ha explicado José María Sánchez Mange, presidente de la Confederación. El objetivo del estudio era conocer la situación actual del estigma para así poder fijar las recomendaciones que consigan derribar las barreras que existen entorno a estas personas.

El estudio realiza un análisis de la bibliografía publicada hasta el momento sobre el estigma hacia las personas con problemas de salud mental y, ha llevado a cabo, además, entrevistas con profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad o la justicia. El análisis inicial contempla la estigmatización del colectivo en los ámbitos sanitario, educativo, de los medios de comunicación, de los servicios sociales, del empleo, de las familias, del poder ejecutivo y legislativo, y del penitenciario. El trabajo de campo se centra en las percepciones y actitudes en relación con el estigma en los ámbitos policial y judicial, así como en los factores causantes del estigma, las barreras derivadas de éste a las que se enfrentan las personas con trastorno mental y las medidas puestas en marcha para reducir el estigma. Para ello, las personas con problemas de salud mental han tenido una participación destacada en la elaboración del estudio.

Vicente Rubio, que sufre un trastorno mental, ha puesto la atención sobre la necesidad de unos medios de comunicación más sensibles que “nos ayuden a transmitir historias sensibles”. Ha recalcado, también, que desde que el médico diagnostica a una persona con un trastorno mental, ya es clasificado con una “etiqueta” o estigma que le acompaña siempre. Finalmente, Celeste Mariner, directora ejecutiva, ha resaltado también la baja participación de este colectivo en el mercado de trabajo así como la falta de información sobre el estigma que viven las personas jóvenes con trastornos mentales en el ámbito educativo. Puesto que es ahí, como señala, donde suele empezar el rechazo y la exclusión.

En el acto ha intervenido también el fiscal del Tribunal Supemo, Carlos Ganzenmüller, quien ha defendido que, para garantizar el respeto de los derechos de las personas con enfermedad mental en el ámbito judicial, “es necesario aplicar definitivamente la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Es una norma clave, incorporada al derecho comunitario y al estatal, ha dicho. “Desde el punto de vista teórico, hay magníficas sentencias de aplicación de la Convención”, pero, sin embargo ha denunciado que, conforme a la Convención, no procedería en ningún caso una incapacitación, sino que debería facilitarse un apoyo en un momento dado”, para que no se dé esa “muerte civil”.

Por último, Celeste Mariner, directora ejecutiva de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, ha presentado las conclusiones del Estudio, entre las que destacan que “las deficiencias en el sistema de atención comunitaria a la salud mental están en el origen de muchos de los procedimientos judiciales” que se llevan a cabo en los juzgados de guardia por presuntos delitos cometidos por una persona con trastorno mental en una situación de crisis. Refiriéndose al ámbito penitenciario, ha querido destacar que “las prisiones no son un lugar adecuado para las personas con trastorno mental”. Una situación, ha recordado, a la que “no se habría llegado si el diagnóstico se hubiera tenido en cuenta en el plano judicial. Algo que muchas veces no se hace, porque el sistema de juicios rápidos no lo permite”, concluyó.

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